Lo que nos faltaba: una Procuraduría Militarizada

El pasado lunes el gobernador Graco Ramìrez Garrido Abreu tomó la protesta a dos nuevos funcionarios de la Procuraduría de Justicia del Estado, los cuales tienen la característica de que ambos proceden de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí, son abogados militares.

Se trata de Sergio Humberto Bautista, designado subprocurador de la zona metropolitana y Martín Rizo Muñoz como jefe de la Policía Ministerial donde estaba el ex policía federal Nicolás Suárez Valenzuela.

De entrada se observa que ambos incumplen con el requisito constitucional de acreditar su residencia en Morelos, pero se entiende que en cuanto entre en vigor la reforma que crea la Fiscalía General del Estado ese requisito quedará automáticamente eliminado.

Pero más allá de las cuestiones legales, no se le encuentra una justificación a la incorporación de estos abogados militares a las tareas de procuración de justicia. En esta ocasión nos enfocaremos a analizar únicamente el caso del subprocurador.

Según se dio a conocer en el boletín respectivo, Sergio Humberto Bautista, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara y su cargo inmediato anterior fue el de Asesor Jurídico Adscrito a la III Región Militar, en Mazatlán, Sinaloa.

Y uno de los datos que Humberto Bautista dio a conocer, y que el gobernador también lo resalto como si se trata de una condecoración, es que Bautista “también fue Coordinador en el Equipo de Trabajo Intersecretarial para la atención y seguimiento del Caso Rosendo Radilla, ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre los años 2009, 2010 y 2011”.

Pero aquí hay que hacer un alto. Parece que todos los que estaban presentes en el salón donde se llevó a cabo la ceremonia de toma de protesta de estos funcionarios ignoran de qué se trata el caso Rosendo Radilla.

Salvo mejor opinión de los expertos en derecho internacional, el caso Rosendo Radilla no es para presumirse, sino para ocultarse por vergüenza.

Para quienes no lo saben, Rosendo Radilla fue un luchador social detenido el 25 de agosto de 1974 por militares acantonados en Atoyac, Guerrero.

Y a unos meses de que se cumplan 40 años el gobierno mexicano no ha sido capaz de cumplir al 100 por ciento con la sentencia de reparación de daño para sus familiares, mucho menos encontrar los restos de Rosendo.

Para vergüenza de los gobiernos panistas, ante cientos de demandas presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR) a través de la extinta Fiscalía Especial de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) hasta ahora no hay un solo caso resuelto.

Alejandra Nuño, directora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) señaló que el expediente del caso Radilla comprende 22 tomos; 45 declaraciones ministeriales, 24 de ellas de militares en activo y retirados; pendientes de declarar; cuatro diligencias de excavación, y se cuenta con un perito para revisar documentos castrenses en el Archivo General de la Nación (AGN), Jesús Díaz Romero, que asumió la encomienda en abril de este año.

Nuño cuestionó que mientras públicamente se hable de disposición para localizar al dirigente campesino, en los hechos se ponga trabas a la investigación: “Hay una bóveda en el AGN donde están documentos de la PGR y archivos castrenses a la que nadie tiene acceso, ni siquiera el perito, quien ya nos dijo que por carga de trabajo va a entregar un informe hasta abril de 2014”, publicó el año pasado la revista Proceso.

La defensora apuntó que además de las fallas en la investigación, el Estado mexicano ha sido omiso en aprobar las reformas al Código de Justicia Militar y al Código Penal Federal, sobre la tipificación de la desaparición forzada.

Luego entonces, la nueva adquisición del gobierno de Graco Ramírez representa a la institución que se encargó de desaparecer al activista, y que lleva 40 años resistiéndose a hacerle justicia. Y eso no es para presumir.

Además, la legislación militar es la que menos se parece al Sistema Acusatorio Adversarial que se aplica en Morelos desde el 2008.

De hecho, el actual procurador Rodrigo Dorantes también carece de experiencia en materia de juicios orales pues los últimos diez años los pasó en la Procuraduría General de la República, a donde todavía no se aplica el nuevo sistema de justicia penal, pero tiene como subordinados a diversos servidores públicos que conocen el tema.

Pero en el caso del subprocurador, no se puede concebir un jefe de ministerios públicos que desconozca las nociones básicas del sistema acusatorio adversarial, a menos que la tirada sea irle abriendo camino para dejarlo como titular de la PGJ en poco tiempo. Sólo así se entiende la frase del mandatario cuando lo nombró: “vamos a limpiar la casa”.

Y es que la Procuraduría de Justicia no ha dado los resultados prometidos por el gobernador Graco Ramírez. En defensa suya, Rodrigo Dorantes ha dicho que no cuenta con los recursos suficientes y tiene razón.

En la PGJ sigue faltando personal, gasolina, tonner y papel. No hay suficientes policías ministeriales para realizar las investigaciones que ordena el Ministerio Público, pues muchos de ellos están comisionados como escoltas de los funcionarios.