Rigoberto Lorence
Los gobiernos neoliberales de las últimas 3 décadas ejercían el poder con base en la alianza estrecha entre los políticos corruptos, los empresarios acostumbrados al trato privilegiado y los grupos criminales que, mediante diversas cuotas, obtenían vía libre para sus actividades, entre ellas el narcotráfico, la extorsión, la trata de personas, de armas, órganos y vehículos.
El gobierno actual ha comenzado por afianzar su relación institucional con las fuerzas armadas, lo que impide toda veleidad sobre supuestos golpes de estado. Ha tratado de ganarles la base social a los delincuentes mediante programas sociales, y ha realizado un intento por pactar con los empresarios, que incluso se han comprometido a realizar cuantiosas inversiones.
La contingencia creada por el Covid-19, sin embargo, ha cambiado radicalmente este escenario. Acostumbrados al privilegio, los empresarios pusieron el grito en el cielo por las pérdidas generadas en tiempos de pandemia, y como siempre, recurrieron al gobierno exigiendo que rescatara sus empresas.
Ha circulado la versión de que los líderes empresariales sugirieron que el gobierno federal se endeudara con los organismos multinacionales hasta por el equivalente a un billón (un millón de millones) de pesos, y creara con ese dinero un fondo para rescatar las empresas mexicanas en peligro. Así lo hizo saber, en fecha reciente Ricardo Monreal, dirigente de Morena en la Cámara de Senadores…
La respuesta fue fulminante: el gobierno federal no se endeudará porque los recursos ya no alcanzan para el pago de la deuda pública (cifrada en unos 11 billlones de pesos) y, en cambio, usará los recursos a su alcance para reforzar la economía de los más vulnerables, básicamente los sectores de la tercera edad y jóvenes estudiantes. Y también otorgará créditos a 1 millón de pequeños empresarios.
Carlos Salazar Lomelí, vocero del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) integrado inicialmente por líderes del Grupo Monterrey, se lanzó al abordaje y argumentó públicamente en favor del rescate, y en contra del “abandono” en que el gobierno de la 4T los tiene. Se quejó incluso de que el gobierno “les cerró las puertas”.
En una videoconferencia, un empresario preguntó a Salazar si es posible en este momento destituir al presidente de la República. El dirigente empresarial se la jugó directo: la destitución solo se puede hacer mediante el voto ciudadano, y este solo se podrá ejercer hasta el 2022, tal como establece la ley.
De manera implícita, el líder del CCE enfrió los ardores golpistas de sus oyentes, y les fijó metas a largo plazo, de modo que se metió de lleno en política electoral al pedir que la gente se organizara para destituir al mandatario en 2022. En ese momento, la derecha lamentó profundamente que el Congreso haya fijado –precisamente a petición de ellos—la fecha de la revocación de mandato hasta dentro de 2 años.
El contragolpe se hizo sentir de manera demoledora: AMLO pidió al SAT (Servicio de Administración Tributaria) la lista de las empresas que adeudan más de 50 mil millones de pesos en impuestos de años anteriores a 2019. Y entregó la lista en propia mano de Salazar Lomelí, para que ayudara a gestionar el pago de los empresarios morosos.
En el juego por obtener y conservar la iniciativa política, AMLO volvió a darles una breve lección a sus adversarios. Reforzó sus argumentos expresando que la evasión fiscal es un delito punible, y antes de llegar a los juzgados los buscó para negociar el pago de adeudos.
Los empresarios, comprendiendo su error, se pusieron al habla con el SAT para negociar programas de regularización. Los alguaciles fueron alguacilados. Querían queso y terminaron por negociar sus adeudos con el dueño de la ratonera, bajo el esquema de que, si cubren sus adeudos, se dedicarán esos recursos a otorgar créditos a pequeñas y medianas empresas, que son el verdadero sostén del empleo en México.
De este modo, el episodio del furor golpista se desbarató en caravanas y genuflexiones, con lenguaje cortesano y suplicando comprensión para sus empresas, acostumbradas a los arreglos palaciegos y rescates ruinosos que, de manera invariable, resultaban en mayores pagos de intereses de México a la banca mundial, y en consecuencia, con las clases populares recorriendo un ojillo más en el apretado cinturón.
Así fue como los soñadores empresarios aprendieron que el gobierno de México nunca volverá a rescatarlos; que ellos siempre han sido privilegiados; que en el Palacio Nacional ya no tienen “cuates”, que Los Pinos dejó de ser lugar para llegar a acuerdos “en lo oscurito” y hoy es centro cultural abierto al público, y finalmente los Fobaproas son solo un odioso recuerdo del pasado.
Estudió en la Facultad de Derecho y Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la UNAM. Militante de las organizaciones democráticas y revolucionarias de México desde hace unos 40 años. Ha impartido cursos de reportaje, redacción y otras áreas dentro del periodismo.
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