J. R. Lorence L.
En México hay una larga experiencia en cuanto al otorgamiento, por parte del gobierno, de concesiones a la población a través de toda clase de intermediarios, de acuerdo con el sector social de que se trate.
En los hechos, así funcionó el régimen priísta: la CTM y después el Congreso del Trabajo conseguían concesiones salariales a través de sus líderes, quienes a su vez aprovechaban el sistema para hacer carrera política. Lo mismo entre los campesinos, y aún en organizaciones populares como abogados, artistas, bueno hasta repartidores de periódicos agrupados en la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). Era el sistema corporativo.
Desde la derrota del PRI en 2018, esa práctica empezó a entrar en desuso. Y de hoy en adelante, dejará de estar en boga entre las organizaciones que pretenden representar a sectores de la población.
El motivo final fue la corrupción imperante en la concesión de apoyos económicos a las estancias infantiles (antes guarderías) que trajo consigo la determinación tajante de otorgar dichos apoyos directamente a los padres de familia.
Desde el desastre de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, las estancias eran objeto constante de críticas por las carencias que presentaban en sus servicios: falta de medidas de seguridad, inflación de los padrones de niños beneficiados, carencia de medidas sanitarias, etc. De ser una función del IMSS, pasó a ser una fuente de ingresos de una numerosa burocracia que siempre, por lo regular, tenía el patrocinio de algún partido político.
Lo mismo está ocurriendo con las organizaciones campesinas, de larga tradición. Frente Auténtico del Campo (FAC) Movimiento Antorchista, Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) y Unidad de Fuerza Indígena y Campesina (UFIC) Burocracias que absorbían miles de millones de pesos del erario para distribuir esos recursos entre sus agremiados.
Según cálculos del propio gobierno, la función del intermediarismo cobraba al erario público hasta un 30 por ciento de lo invertido en programas sociales. Y si calculamos en 100 mil millones de pesos el costo de los mismos, sabremos que el intermediaje se levantaba con la nada despreciable suma de 30 mil millones de pesos por ejercicio fiscal.
Eso ya se acabó. Está pasando al museo de las reliquias del antiguo régimen. De hoy en adelante, nadie debe ser beneficiado por el intermediaje que realice entre el gobierno y el sector social donde actúe. Miles de oficinas, despachos, secretarias, teléfonos y campañas de afiliación dejan de tener razón de existir, y los líderes obreros y campesinos deberán trabajar para ganar honestamente, como lo hace el pueblo, el salario que devengan.
En apariencia radical, esta medida no es más que la culminación de un proceso que ya tiene varios logros, principalmente el haber derrotado al régimen corporativo y sepultarlo bajo una montaña de votos. Sufragios que se consiguieron sin que mediara más que el trabajo de miles de activistas del obradorismo que hizo posible los enormes cambios sociales que suceden ante nuestros ojos a diario.
¡Descanse en paz el régimen corporativo! De hoy en adelante veremos qué clase de régimen lo sustituye.
rigoberto421224@hotmail.com
Estudió en la Facultad de Derecho y Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la UNAM. Militante de las organizaciones democráticas y revolucionarias de México desde hace unos 40 años. Ha impartido cursos de reportaje, redacción y otras áreas dentro del periodismo.
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