Gerardo Fernández Casanova
Está en la palestra el tema de la función de las fuerzas armadas (ejército, marina y aviación) como garantes de la seguridad nacional y su agregado reciente como agentes de persecución del delito y partícipes en la procuración de la seguridad interior en calidad de policía. Tienen razón el General y el Almirante secretarios, al reclamar que se les ordena cumplir esta nueva función sin dotarla del sustento legal pertinente. Hay razón también en quienes exigen el retorno de soldados y marinos a sus cuarteles, para que sean civiles quienes ejerzan las funciones policiales. La solución no es, como lo han señalado expertos nacionales e internacionales, modificar la ley para dar cobertura a las acciones policiales del ejército. Al enemigo externo que ose invadir el suelo patrio se le responde con las armas; en tanto que al delincuente, considerado como enemigo social interno, se le responde con las leyes. Trastocar este principio constitucional ha significado un elevadísimo costo en vidas y un resultado negativo en cuanto al combate al delito.
No fue nada fácil para México colocar al ejército guardado en el cuartel. Toda la historia del siglo XIX estuvo marcada por las ambiciones de poder de los militares, con el paréntesis civilista de Juárez y su pléyade de liberales, cuyo desorden sólo pudo ser arreglado por la dictadura militar de Porfirio Díaz y su mano de hierro. La Revolución que derrocó a la dictadura generó otra camada de generales con sus correspondientes golpes de estado y levantamientos hasta la llegada de Álvaro Obregón que, a base de corrupción, fue comprando generales y reprimiendo levantamientos aislados. Con Calles, el ejército se institucionaliza y, aunque con presidentes militares, comenzó a regir un sistema político ad-hoc de orden constitucional. A partir de 1946 los civiles han gobernado al país y el ejército se mantuvo acuartelado, salvo por acciones represivas ordenadas por los civiles, como fue la ejecutada con lujo de violencia el 2 de octubre de 1968. El sistema operó un esquema de premios y castigos, y de competencia entre generales, que le permitió que el presidente fuese, en efecto, el general en jefe supremo.
Cuando Felipe Calderón asume la presidencia, producto de un asqueroso fraude electoral, toma como medida inaugural el encomendar al ejército la que llamó guerra contra el narcotráfico, que en realidad no era sino la expresión de la disposición de reprimir cualquier protesta contra su gobierno espurio; se instauró el terror como forma de gobierno y el río se salió de madre; el ejército ha combatido y se ha coludido con el crimen organizado, se ha desprestigiado, aún más que en el 68, violando el estado de derecho con ejecuciones extrajudiciales, al considerar al delincuente como enemigo a matar, sin el correspondiente proceso que lo confirme como tal y la imposición de la pena correspondiente. Esto es particularmente grave: Hay muchos que lo aplauden sin tomar en cuenta que la definición del carácter de delincuente queda a cargo no de un juez sino de un soldado y que, en tal situación, los ciudadanos quedamos en plena indefensión ante un posible soldado equivocado o corrupto. Pero lo más grave es el pecado original de Calderón que le confirió al ejército un papel preponderante en el juego político para solapar su espuria presidencia y recompensarlo por el expediente del dinero. Para nadie va a ser fácil regresarlos al cuartel.
El Ejército y la Armada son baluartes del patriotismo, pero sólo el que se entiende como salvaguarda del territorio, siempre dentro del concepto de seguridad nacional del Comando Norte de los Estados Unidos, atentos a evitar cualquier riego por la presencia de gobiernos nacionalistas que puedan contrariar los designios del imperio. En estos términos son un factor político inaceptable.
Si, como se argumenta, la presencia de los soldados en las calles es una medida provisional hasta poder depurar los cuerpos policiales, no es pertinente una legislación que les otorgue legitimidad y permanencia. La historia nos lo enseña con claridad plena, local e internacionalmente.
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