José Luis Urióstegui Salgado.
Cuernavaca, Morelos, agosto 9 de 2015
El gobierno de la nueva visión continuó el proyecto de su antecesor para conjuntar todas las corporaciones municipales con la estatal y crear un solo cuerpo que obedeciera un mando, un programa y se homologaran sueldos, uniformes, rangos, etc., siguiendo a su vez los lineamientos de la policía acreditable propuesta por la Federación. A Marco Antonio Adame no le alcanzó el tiempo ni tuvo al operador adecuado para instrumentar el Mando Único, pero dejó las bases para ello.
Al gobernador Graco Ramírez le pareció que esta forma de organizar las diversas corporaciones (treinta y cuatro) existentes en Morelos, era el modelo ideal para mejorar el funcionamiento de la policía preventiva y conseguir mejores índices de seguridad. En teoría, el proyecto es elemental aunque rudimentario, juntar a todos los policías, sus armas, patrullas, equipo de radiocomunicación, instalaciones y recursos económicos, poner todo en una bolsa administrada por el gobierno del estado a su leal saber y entender imponiendo órdenes y planeando su funcionamiento y organización sin tomar en cuenta a los presidentes municipales o a la comunidad. Así de simple.
En la ley las cosas son distintas, el artículo 115 constitucional impone a los presidentes municipales la responsabilidad de la prevención y la seguridad pública; en concordancia, la ley de seguridad pública del estado les impone las mismas obligaciones, pero otras leyes también les imponen la facultad de administrar los recursos económicos y rendir cuentas sobre ellos. En esencia el Mando Único representa una imposición del estado a los municipios para que se sometan y entreguen lo que la ley les asigna.
El Mando Único puede ser resultado de un acto imperativo violatorio de la ley o resultado de un acuerdo de voluntades entre gobernador y presidentes municipales. Su inicio fue un híbrido de ambos. La presión estatal con amenazas de retirar apoyos y la firma de un convenio a regañadientes por los presidentes municipales que no tuvieron opción y firmaron. Los dos años siguientes a su firma han sido de altibajos administrativos y de resultados en donde la sociedad no ha percibido beneficios palpables. Hay abusos, excesos y opacidad en su manejo.
Ante el cambio de administraciones municipales que deja a los nuevos cabildos en posición de no refrendar el convenio y reasumir el mando directo de sus policía, aparece nuevamente el fantasma de la represión y la amenaza vertida por el Comisionado de Seguridad Pública en el sentido que sí no firman les retirarán la portación colectiva de armas, patrullas y vigilancia de cámaras porque no están dispuestos a dejarlos ir. Si más de veinte presidentes electos han expresado su intención de separarse del Mando Único, algo se debe estar haciendo mal porque nadie abandona lo que le beneficia a menos que sea por algo mejor. No será con amenazas que las nuevas administraciones aceptarán seguir en este programa; si no hay visos claros de mejora en todos sus aspectos, irremediablemente lo abandonarán pese a cualquier amenaza aunque ello signifique que el gobernador pierda la bandera que enarbola como proyecto nacional. Si no funciona en Morelos, no funcionará en México.
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