Por Jorge Ikeda
Morelos sufre la peor crisis política de su historia reciente. Son tantos y tan variados los actos de corrupción que resulta imposible enumerarlos en tan breve espacio. Los ciudadanos reclaman el restablecimiento del estado de derecho, sancionar a funcionarios señalados por actos de corrupción y de represión, cumplir con las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en relación a las fosas clandestinas, castigar a los responsables por el hundimiento del paso express de Cuernavaca y rescatar financieramente a la Universidad del Estado.
A estos reclamos se suma la inseguridad que aqueja a los habitantes de la entidad, los secuestros disfrazados de desapariciones, los desaparecidos que siempre aparecen en fosas clandestinas, tanto de la delincuencia organizada como de la desorganizada que encabeza Jesús Alberto Capella Ibarra, y un largo etcétera de violaciones a los derecho humanos de los habitantes de este estado.
El obispo de Morelos, Ramón Castro y Castro, marchará en representación de los miles de feligreses que no pueden marchar. El Secretario de (des)gobierno en Morelos, Matías Quiroz, sólo atinó a decir: “Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios.” Si bien existe una prohibición para que las iglesias participen en la política, no existe ninguna disposición legal que les prohíba manifestarse en contra de la opresión, de la represión y de la inseguridad que se vive en la entidad.
Karol Wojtyla, mejor conocido como Juan Pablo II, cuando era obispo de Cracovia, apoyó al sindicato Solidaridad, dirigido por Lech Walesa, y contribuyó a la caída del comunismo en Europa del Este. El obispo de Cracovia fue considerado por el Gobierno como un peligroso enemigo ideológico. Ahora, el obispo de Cuernavaca se considera perseguido por las autoridades de la entidad. El gobierno no sólo ha patrocinado publicaciones difamatorias en contra del prelado, sino que intervino en el conflicto de la Parroquia del Santuario Jesús Nazareno de Tepalcingo en favor de los mayordomos y en contra de la posición oficial de la Iglesia. El rey de oropel, Graco Ramírez, hasta nombró a un sacerdote para Tepalcingo, como si ejerciera el Real Patronato sobre la Iglesia en Morelos.
Existen varios antecedentes de la “Marcha por Morelos” y todos han terminado cambiando el estado de las cosas. El 28 de septiembre de 1991 el doctor Salvador Nava inició desde San Luis Potosí la “Marcha por la Dignidad y la Democracia” que tuvo como desencadenante el fraude electoral en las elecciones para gobernador del mismo año. En distintos momentos, el doctor Nava fue acompañado por Vicente Fox, Bernardo Bátiz y Cuauhtémoc Cárdenas. La marcha tenía como destino la ciudad de México, al llegar a Querétaro se enteraron de la renuncia del gobernador Fausto Zapata y todos se regresaron a San Luis Potosí en coche. El gobierno de Zapata duró lo que la marcha.
La “Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad” inició en la ciudad de Cuernavaca el 5 de mayo de 2011 y llegó al Zócalo de la ciudad de México el 8 de mayo del mismo año. Aunque el movimiento se originó por el asesinato del Juan Francisco Sicilia, hijo del poeta, la sociedad civil se manifestó en contra de la violencia desatada por la guerra contra las drogas durante el gobierno de Felipe Calderón. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad contribuyó al reconocimiento de los derechos de las víctimas en el país.
Hago votos para que la “Marcha por Morelos” termine con la cleptocracia en Morelos e instaure un gobierno de reconciliación que encarcele a Graco y castigue los graves actos de corrupción de su gobierno.
Jorge Ikeda es licenciado en relaciones internacionales por el ITAM, licenciado en derecho por la UNAM, ingeniero en desarrollo de software por la UNAD, maestro en ciencias políticas y sociales por el CIDHEM y doctor en derecho también por el CIDHEM. Es profesor de asignatura en la Universidad La Salle Cuernavaca, A.C.
Dejar una contestacion