J. Rigoberto Lorence
Las relaciones de fraternidad de México con los países de América Central se han estrechado a partir de la visita del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a nuestro país el pasado 20 de junio, en el marco de la integración comercial de la región, promovida por el presidente López Obrador.
Al contrario de lo que plantea el gobierno de USA, López Obrador ha dado prioridad al desarrollo económico de la región, así como a los intercambios comerciales, con objeto de crear empleos en esos países, y evitar en lo posible la migración forzada, causada por el hambre, la violencia de las pandillas y represión de los gobiernos de la región.
El gobierno mexicano se comprometió a aportar 30 millones de dólares (600 millones de pesos) de inmediato para fomentar el programa Sembrando Vida en aquel país. Esos recursos proceden de un Fondo de Infraestructura para países de Mesoamérica y el Caribe, mejor conocido como Fondo Yucatán.
De inmediato se volcaron las críticas sobre el gobierno de AMLO. ¿Por qué en vez de andar prestando dinero a El Salvador, no se invierte mejor en México, que tanta falta hace? Lo que no saben es que ese fondo fue creado por Felipe Calderón en 2011 precisamente para tratar de frenar la entonces incipiente migración de centroamericanos y caribeños hacia México.
Asimismo, ese fondo fue ratificado por Enrique Peña Nieto, del cual se destinaron 129.7 millones de dólares a países de Centroamérica y del Caribe para diversas obras de infraestructura, entre ellas hospitales, plantas solares, instalaciones portuarias, etc. Solo que esta vez se le dio más publicidad a esa inversión, y se armaron las protestas.
Hoy, esos fondos están contemplados dentro del programa de integración centroamericana, aprobado para este año. En el fondo, se trata de una diferencia de conceptos. ¿Qué conviene más: gastar en alimentar, proteger y dar salud a migrantes en México, o invertir en esos países para construir obras que eviten la migración? El gobierno mexicano ha optado por esta solución.
El problema migratorio se ha complicado mucho. Todas las instituciones –incluyendo a los consulados de Centroamérica en México—han sido rebasadas por la gigantesca ola de migrantes. Todos los esfuerzos se quedan cortos ante la magnitud de la avalancha. Por eso la solución debe encontrarse en una combinación de desarrollo regional con la reglamentación del proceso migratorio.
La oleada de migrantes ha sido fomentada por sus beneficiarios: grupos de coyotes, empresas de transporte y particulares que medran con la necesidad ajena. Hay toda una red internacional que se beneficia con el tráfico humano, que cuenta con casas de seguridad, transportes y puntos de recambio en el sur de México. Este negocio, según el canciller Marcelo Ebrard, genera ganancias hasta por unos 5 mil millones de pesos cada año.
A la fecha son más de 1 mil migrantes ilegales que las fuerzas mexicanas detienen cada día. De mantener ese ritmo, la cantidad de migrantes llegaría a 400 mil por año. Ninguna economía podría resistir esa presión, incluyendo los países industriales.
Por otro lado, México ha recibido en su frontera norte a 14 mil migrantes centroamericanos procedentes de USA, que esperan una resolución de jueces de ese país para ver si les dan asilo. Y esta cantidad sigue aumentando, de manera que la tenaza se va cerrando en torno a nuestra capacidad de resistir los embates de la migración.
En ese sentido, además de tratar de dar cauce a los migrantes, y aumentar la oferta de empleo para que se queden a trabajar, Olga Sánchez Cordero ha señalado que México no acepta la condición de país de tránsito hacia USA, porque tal condición se revierte contra los intereses nacionales.
México ha planeado dar empleo a migrantes de Centro América a través de los programas Sembrando Vida, Viveros Forestales, Emergencia Social y otros en la región del Soconusco y Sierra, en Chiapas, en la zona fronteriza con Guatemala. Los empleos serán hasta 25 mil, para empezar.
Por lo pronto, el impacto de estas medidas ya ha obtenido algunos resultados. Ya se notan avances en la disminución de los flujos migratorios, en espera de que empiecen a dar frutos los programas de desarrollo regional.
Estudió en la Facultad de Derecho y Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la UNAM. Militante de las organizaciones democráticas y revolucionarias de México desde hace unos 40 años. Ha impartido cursos de reportaje, redacción y otras áreas dentro del periodismo.
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