La organización canadiense Justice Education Society, calificó como pobre el trabajo que realiza la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado en la implementación del sistema de justicia penal acusatorio.
En la visita del miércoles 5 de marzo, los canadienses Rick Craig, Cal Deeadman y Blair Bobyk, sostuvieron una serie de entrevistas con los responsables de las dependencias gubernamentales que conforman el aparato de justicia.
Se trata del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la Procuraduría General de Justicia (PGJ), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el Instituto de la Defensoría Pública del Estado (IDPE) y la Unidad de Reinserción Social.
Fue hasta finales del mes pasado que se conocieron los detalles del encuentro derivado de tres solicitudes de información que presento Periodismo Sin Censura ante la falta de transparencia del gobierno del estado sobre el tema.
Las solicitudes con números de folio 00138414, 00138514 y 00138614 realizadas a la Secretaría de Gobernación, el Tribunal Superior de Justicia y al Instituto de la Defensoría Publica dan a conocer algunos aspectos analizados.
De acuerdo con la información escueta que entregó el IDPE, el objetivo de la visita fue elaborar un diagnostico para detectar las fortalezas y debilidades de las instituciones que conforman el sistema de justicia.
Al respecto, la Administración de Salas de Juicios Orales del TSJ informó que en la reunión con la organización Justice Education Society se examinaron los siguientes aspectos:
Durante el año 2013 la PGJ judicializo 1965 carpetas de investigación de las cuales el 35 por ciento de dichos expedientes son delitos de Bagatella, es decir delitos que tienen escasa repercusión social y poca importancia.
Dichos delitos como son: amenazas, lesiones, daños, entre otros pueden resolverse a través del Centro de Justicia Alternativa de la Procuraduría pero no se ha incentivado su importancia.
Los especialistas opinan que no hay una eficiente organización y coordinación entre las subprocuradurías; un ejemplo de ello es que un hecho delictivo pueden estar relacionadas con varias carpetas de investigación.
El año pasado se llevaron a cabo 283 juicios orales de los cuales 156 acabaron en sentencias condenatorias y 127 en sentencias absolutorias lo que muestra la poca efectividad de la labor de la Procuraduría en la investigación de los delitos.
La conclusión de la comisión patrocinada por la embajada de Canadá, misma que trabaja en pro del sistema de justicia oral penal, estableció que hace falta trabajar mucho en la Procuraduría del estado.
Reportero de a pie, estudiante de leyes, especialista en cobertura de seguridad ciudadana y justicia adversarial. Creo en el periodismo basado en el respeto a los derechos ciudadanos.
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