POBREZA GUBERNAMENTAL

 

 

 

 

José Luis Urióstegui Salgado

Cuernavaca, Morelos, febrero 14 de 2016.

Es de todos conocida la pobreza que padecen el gobierno y los Ayuntamientos del estado de Morelos, notable en su carencia de recursos económicos para satisfacer las más elementales necesidades de cada una de las áreas de la administración pública centralizada o paraestatal, que a su vez impacta en la falta de obra pública e inversiones privadas en nuestro territorio mientras otras entidades viven una bonanza envidiable.

 

Todos los municipios de Morelos presentan grandes atrasos en la construcción de obras de infraestructura que aseguren su desarrollo sostenido, particularmente en materia  de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas, alumbrado público, salud, educación, entre otras que son elementales para mejorar la calidad de vida de las personas.

 

Los tres poderes del estado y los treinta y tres ayuntamientos cuentan con aparatos burocráticos obesos y costosos que requieren grandes cantidades de dinero para su sostenimiento; las obras públicas se han encarecido con sobreprecios y materiales de baja calidad que al poco tiempo necesitan mantenimiento y nuevas inversiones, los gastos de representación que se asignan los servidores públicos de mayor jerarquía ocasionan detrimentos imposibles de superar y la corrupción que se hace presente en casi todas las oficinas públicas forman una mezcla de elementos que ilustran fielmente las causas de la pobreza o falta de dinero que padecen las instituciones morelenses que no cambiará en el corto o mediano plazo.

 

Casi todos los ayuntamientos arrastran deudas de dos o hasta tres administraciones anteriores generadas por cuestiones laborales e incumplimiento en el pago de obra o servicios públicos, lo grave es que no hacen mucho para disminuirlas y mantienen su gasto cotidiano recurriendo al endeudamiento y comprometer el erario de siguientes administraciones sin importar que a futuro la situación sea perjudicial para la población. Por su parte, el actual gobernador contrató dos mil ochocientos millones de pesos de deuda pública a principios de su encargo y los gastó de inmediato sin acreditar en qué y a pesar de  que él afirma que fue en obras importantes como la remodelación del estadio Coruco Díaz, y el C-5 de seguridad pública, no lo ha demostrado fehacientemente y el resultado de dichas obras no ha repercutido favorablemente hacia la sociedad. El Ayuntamiento de Cuernavaca es requerido por la empresa SIREC para que le pague sesenta millones de pesos por servicios prestados en materia de recolección, traslado y disposición de residuos sólidos, que esta administración no contrató, y así podemos enunciar ejemplos similares en cada área.

 

En el Poder Legislativo también se observa un exceso en el gasto corriente que no tiene correlación con la productividad en materia legislativa, de revisión de cuenta pública o procedimientos sancionatorios  a servidores públicos, lo que se suma a la mala imagen generada por su sometimiento a las órdenes de Graco Ramírez.

 

Por su  parte, el Poder Judicial, si bien ha crecido en personal y oficinas, no es suficiente para tener al día los expedientes que garanticen a la población justicia pronta, completa e imparcial, requiriendo más apoyo para el pago de salarios justos y que cuenten con los insumos indispensables para ello.

 

El presupuesto general de los tres poderes y los ayuntamientos asciende a aproximadamente treinta y cinco mil millones de pesos anuales, con lo que se podrían construir obras o prestar servicios de calidad para todos, pero la mayor parte se gasta en salarios, vehículos, combustible, comidas, viáticos y cosas que solamente sirven para los burócratas pero no para la población. El sostén real de las instituciones recae en el personal de base y los empleados de bajo o mediano nivel, pero los de alta jerarquía que son los que más cuestan demuestran poca eficiencia y productividad, es necesario hacer un estudio de operatividad administrativa y reducir plazas y gastos que disminuyan el gasto corriente para incrementar la inversión pública, solamente así se podrá transformar el estado.