Podrían destituir a magistrados del TSJ por incumplimiento a orden

 

 

René Vega Giles

La justicia federal ordenó a la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en Morelos, María del Carmen Verónica Cuevas López, reponer el proceso para la designación de 18 jueces o, de lo contrario, podrían ser destituidos los 15 magistrados del Poder Judicial.

 

El abogado Jorge Luis López Flores informó que el Juzgado Tercero de Distrito le concedió la protección, para que pueda participar en ocupar una de las plazas, pero también secretarios de acuerdos y quienes cumplan con los requisitos exigidos por la ley.

 

El resolutivo es un revés para la magistrada presidente, María del Carmen Verónica Cuevas López, y sus compañeros del pleno quienes habían asignado de manera directa y por conveniencia ocho jueces, de un total de 18.

 

El litigante señaló que la omisión por parte de la comisión que administra al Tribunal Superior de Justicia, conformada por la propia Cuevas López, Miguel Ángel Falcón Vega y Rubén Jasso Díaz, quienes desde finales de 2017 han dejado sin concluir el concurso para nombrar jueces en sus tres etapas.

 

Sin embargo, también en la fallida convocatoria, fueron encontradas inconsistencias como una convocatoria que presuntamente tuvo un costo de 600 mil pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad (FASP).

 

Es de destacar que los principales beneficiados por la designación directa de jueves que realizó el pleno del Poder Judicial en Morelos fue Manuel Jiménez Aquino, hijo de la actual magistrada y excolaboradora de Graco Ramírez, Carmen Aquino Celis.

 

De tal manera, el Poder Judicial de la Federación exigió eliminar las designaciones de los 18 jueces nombrados por el pleno, aclarar hacia dónde fueron los 600 mil pesos para la convocatoria e iniciar nuevamente el proceso con reglas claras y transparencia.

 

En caso de darse una nueva manipulación, el Juzgado Noveno de Distrito advirtió que está en la posibilidad de desconocer al pleno de los 15 magistrados locales por violaciones al marco Constitucional Mexicano.

 

 

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