La Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), adscrita a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, trabaja en la opacidad porque no existen cifras oficiales que confirmen su efectividad para demostrar la responsabilidad de las personas acusadas por secuestro ante la autoridad judicial.
De acuerdo con información requerida a través de una solicitud de acceso a la información vía sistema INFOMEX por este reportero, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado no cuenta con la cifra de personas sentenciadas, condenadas o absueltas por secuestro.
El pasado 21 de agosto de 2014, la titular de la Unidad de Información Pública del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado, Maribel Velazco Abarca dio a conocer de manera oficial la contestación a la solicitud registrada bajo el folio número 00408114.
“En atención al contenido de su petición, y tomando en consideración que en esta área que ocupa tanto la Oficialía Mayor de este Tribunal Superior de Justicia, como la Unidad de Información Pública de este Tribunal, no se cuenta con la información que se solicita”.
Sin embargo la titular de la UECS, Adriana Pineda Fernández ha dicho que “en un corto plazo se puso toda la fuerza del estado para la atención y combate a las bandas dedicada a la comisión de este delito, se detuvo y llevó ante los jueces a 225 secuestradores”.
En el comunicado de prensa con número de oficio B-4483, difundido el pasado viernes 28 de noviembre por el área de Comunicación Social de la FGE, la servidora pública sostiene que los detenidos ya fueron condenados por la autoridad judicial.
La cifra que da a conocer Pineda Fernández contrasta con la estadística oficial de los tres juzgados de Control y Juicio Oral, sobre el número de personas detenidas únicamente durante los años 2012 y 2013.
La información recabada refiere que en el año 2012 la Fiscalía ejerció la acción penal en contra de 37 personas por el delito de secuestro que representa un 3 por ciento del total de las 1432 personas presentadas ante los jueces penales.
Mientras en el año 2013, las estadísticas de los juzgados revelan que la Fiscalía Especial presentó ante los juzgadores únicamente 63 personas que representan el 4 por ciento de las 1757 detenidas en ese lapso.
Sin embargo se desconoce la situación jurídica de las 100 personas acusadas durante los años antes referidos, es decir no hay certeza de cuantos de ellos han sido condenados o absueltos por este hecho, o sí su proceso continua aún.
Información periodística sobre juicios orales, documentados por este medio y dados a conocer a la opinión pública de personas acusadas por secuestro establecen que existen muchos casos de “secuestradores” que han sido declarados inocentes ante la falta de pruebas de la Fiscalía Especial a cargo de Pineda Fernández.
El tema de la trasparencia en los casos de los delitos por secuestro ha sido exigido a nivel nacional por la Cámara de Diputados al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
El pasado 18 de febrero los diputados exhortaron a transparentar los recursos ejercidos en las Unidades Especializadas en Combate del Secuestro de las 32 entidades federativas además de las acciones implementadas para abatir al secuestro.
El documento público establece como antecedente que las UECS deben “garantizar que en el trato de los probables responsables se respeten sus derechos consagrados en orden jurídico que les sean propios”.
“Las procuradurías de los 32 estados ocultan datos sobre la cantidad de víctimas de secuestro que han liberado, los elementos que trabajan en las unidades y del control interno que se lleva sobre el personal” refiere dicho exhorto y esta situación confirma que Morelos no es la excepción.
Reportero de a pie, estudiante de leyes, especialista en cobertura de seguridad ciudadana y justicia adversarial. Creo en el periodismo basado en el respeto a los derechos ciudadanos.
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