J. Rigoberto Lorence
Hace un año ya que AMLO, al frente de un enorme movimiento popular, tomó el gobierno en sus manos. Hoy se encuentra en plena batalla por conquistar el poder, a la cabeza de la coalición encabezada por Morena (PT y PES) contra los representantes de las fuerzas más conservadoras del país.
Esa victoria mandó a los partidos tradicionales a navegar en el mar de la antipatía popular, y ha logrado llevarlos a convertirse en simples sombras de lo que alguna vez fueron. No obstante, siguen en pie los poderes fácticos que estos partidos han representado tradicionalmente.
Es momento de hacer un resumen de lo que ha vivido la República en el breve episodio de un año. Por un lado, el poder del sector empresarial ha sido acotado, pero sigue añorando los privilegios que alguna vez tuvieron. Como muestra, está el Aeropuerto que se pretendía construir en Texcoco, donde todos los factores de poder económico y político tenían cuantiosos intereses, incluyendo la especulación con los terrenos aledaños.
La lucha contra la corrupción, a pesar de ser intensa, ha conseguido magros resultados. Aún no hay tiburones importantes en las cárceles. Emilio Lozoya, una de las figuras más representativas de las corruptelas, sigue libre, aunque se le hayan confiscado algunos de sus bienes obtenidos de manera ilegal.
Algunas ONG’s constituidas para la defensa de esos intereses, han conseguido frenar las obras alternativas. Por ejemplo, Mexicanos contra la corrupción –agrupación que dirige Claudio X. González—ha logrado un amparo para frenar las obras del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, y mantener vivas las esperanzas de continuar con el de Texcoco.
Claudio X González es accionista principal de Kimberly Clark, empresa productora de papel y uno de los mayores depredadores del medio ambiente en México. En San Juan del Río, Querétaro, tiene su planta principal, y extrae para ello enormes cantidades de agua del subsuelo, perjudicando los mantos freáticos y dañando gravemente el ecosistema de la región. Pero aun así dice defender el entorno ecológico del país.
Ha habido, por otra parte, grandes logros. Una de ellas, sin duda, el triunfo sobre los huachicoleros de cuello blanco y de overol, que ha ahorrado miles de millones de pesos a la principal empresa del país, y por tanto, a las finanzas públicas.
Otro éxito es la aprobación y estructuración de la Guardia Nacional como fuerza civil al servicio de la construcción de la paz en todo el territorio. En todas las entidades se solicita su presencia, por las indudables ventajas que representa su presencia en relación con las fuerzas armadas (ejército y marina) en la dura batalla contra el crimen organizado.
Finalmente, pero no menos importante, es la cancelación de la mal llamada Reforma Educativa, que complementada por el espíritu negociador del Jefe del Estado, ha llevado tranquilidad a las calles y aulas del país.
Hay, sin embargo, dos grandes frenos que se han interpuesto contra la acción reformadora del nuevo gobierno. Uno de ellos es el poder judicial, que otorga amparos contra las obras alternas y contra los perseguidos por la justicia; otro es la presión constante de las empresas calificadoras y la amenaza permanente de retirar las inversiones –o bien no realizarlas— por parte de las empresas o holdings de inversionistas internacionales.
Aunque el PRI y el PAN, como representantes del sistema neoliberal, fueron vencidos en el terreno de la política, no se ha conseguido la victoria sobre los intereses financieros que tradicionalmente han representado. Las calificaciones de la deuda mexicana por parte de Fitch Ratings, Standard and Poors y Moodys han continuado su feroz combate contra las medidas que afecten al poder financiero internacional.
Según expertos, para aplicar con éxito reformas en los países donde la izquierda ha llegado por vía electoral, se requieren tres precondiciones:
1.- Que el movimiento reformista nombre al frente del gobierno a dirigentes comprometidos con el cambio estructural.
2.- Que las reformas esenciales tengan amplio apoyo entre las masas populares, para empujar los cambios mediante su movilización constante.
3.- Que se busque la coyuntura más favorable para realizar los cambios. Por ejemplo, un debilitamiento de los controles por parte de USA, país que maneja las instituciones internacionales de inversión de fondos.
De estas, solo se cumple cabalmente con la segunda condición, Pero no hay suficientes dirigentes convencidos del cambio –salvo AMLO y algunos dirigentes progresistas– en las esferas del nuevo poder, ni nos hemos encontrado con un momento de debilidad del gran capital financiero internacional. Esta situación ha generado los mayores obstáculos al proceso de cambio y reforma.
La opinión general en la izquierda consiste en que, mientras no haya un cambio profundo en el sistema de impartición de justicia, no podrá realizarse la Cuarta Transformación. Y este cambio deberá realizarse por medios democráticos. Al tiempo de ir destituyendo jueces corruptos, deberá meterse mano en la cúpula judicial, donde aún pululan personajes tan comprometidos con el viejo régimen como Eduardo Medina Mora, representante directo de los intereses de EPN.
En esos puntos están los principales escollos. Las ONG’s neoliberales hablan de respetar el estado de derecho, pero solo cuando les conviene. Incluso recurren a apoyar a los peores elementos de la sociedad, para salvar sus intereses. De nada serviría promulgar leyes progresistas y reformadoras si las van a aplicar los personeros de siempre, los más corruptos y conservadores.
Si la Cuarta Transformación quiere avanzar, debe remover enérgicamente los obstáculos que se han atravesado en su camino hacia la justicia. Así lo exige el pueblo movilizado.
Estudió en la Facultad de Derecho y Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la UNAM. Militante de las organizaciones democráticas y revolucionarias de México desde hace unos 40 años. Ha impartido cursos de reportaje, redacción y otras áreas dentro del periodismo.
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