Josué Guzmán Casarrubias
Durante la sesión que se realizó durante la noche de ayer y madrugada de este viernes, los diputados del congreso local resolvieron la procedencia del juicio político iniciado en contra del presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y como Jurado de Declaración lo declaró culpable por acción y omisión, para turnar el expediente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a fin de que se erija en Jurado de Sentencia.
El dictamen de la Comisión de Gobernación, Gran Jurado y Ética Legislativa fue aprobado por 27 votos a favor, cero en contra y una abstención. Es de mencionar que en este proceso no aplica la suspensión provisional otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque es un juicio nuevo, ya que se promovió el pasado martes por el abogado Raúl Carrancá y Rivas.
“Se expuso que su culpabilidad es por acción y omisión con fundamento en la violación a los artículos de los distintos ordenamientos legales que conforman el derecho positivo vigente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política de la entidad y la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”, refiere el boletín emitido por el Congreso Local.
En el dictamen aprobado se se señala que es procedente la culpabilidad por acción y omisión en el juicio porque la residencia de Cuauhtémoc Blanco Bravo se demostró que fue inducida dolosamente de manera ilegal al engañar a la ciudadanía, ya que la Constitución local señala como mínimo cinco años de residencia para ser candidato a cualquier cargo de elección popular.
Además de que las supuestas donaciones unilaterales para diversas obras públicas por parte del denunciado contravinieron la Ley Orgánica, así como la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos.
También porque violó el artículo 10 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al afectar las instituciones democráticas, la usurpación de funciones, la violación grave a las garantías de los gobernados y el abandono o desatención injustificada de las funciones que se le han encomendado para ejercer su mandato constitucional.
“Se instruyó remitir el dictamen al Tribunal Superior de Justicia para que se erija en Jurado de Sentencia, enviar una copia al Fiscal General del Estado, dar cuenta al Cabildo de Cuernavaca y notificar del contenido del dictamen a Cuauhtémoc Blanco Bravo, para que se cumpla en sus términos”, agrega el boletín.
Minutos antes, los legisladores aprobaron una reforma constitucional para que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia duren en el cargo 20 años, lo que se interpretó como un «regalo» del Ejecutivo y Legislativo para que resuelvan la destitución del alcalde.
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