Juan Aurelio Grullón
Ciudad de México, 9 de septiembre 2024
Desde los resultados electorales de junio de 2024, en la elección legislativa, la oposición derrotada ha realizado una campaña de desinformación denunciando un supuesto agandalle del oficialismo en la distribución total de los 500 diputados, señalando que después de obtener el 54 por ciento de los votos se les adjudico el 73 por ciento de las curules, superando con amplio margen la mayoría calificada, necesaria para hacer reformas constitucionales.
La afirmación anterior sería valida si en México hubiera un sistema de representación proporcional pura, pero en realidad tenemos un sistema mixto de representación por distritos (300 diputados por este criterio) y de representación proporcional que se asignan de acuerdo con el porcentaje de votación total (200 diputados “plurinominales”). Solo con esta breve explicación se cae la falacia de la sobre representación. De los distritos, el oficialismo gano el 85 por ciento. La oposición tradicional no gano ni el 15 por ciento, pues uno lo gano un independiente. En los últimos 36 años no se había observado un resultado tan aplastante en una elección federal.
Los plurinominales se crearon precisamente para evitar que un partido o alianza que obtuviera por ejemplo 40 por ciento de votos, se pudiera quedar con el 100 por ciento de los distritos, lo que sería matemáticamente posible en una elección de tres. Además, se impuso un tope a la sobre representación de un 8 por ciento por partido. Y en este punto, se ha basado la polémica, puesto que, al haberse aliado Morena con otros dos partidos, quieren imponer este tope a la alianza, criterio que no se ha aplicado con la legislación actual en las últimas 5 elecciones federales.
Precisamente para la elección de 2024, el Consejo General de INE emitió en diciembre de 2023 un acuerdo para hacer explicitas las reglas que aplicarían a las alianzas a la hora de la distribución de los diputados y senadores plurinominales en base al siglado con que se registran los candidatos de las alianzas y la proporción de votos obtenidas, para lo cual se ha usado una boleta en que se marca por partido no por alianza.
Por lo anterior, la proporción de curules esta de acuerdo con la legislación y los criterios para interpretarla que se definieron con anticipación al resultado electoral. Pretender cambiar las reglas de asignación mediante una campaña mediática fue un despropósito que ha puesto en evidencia las tácticas de manipulación informativa y de asignación de altos funcionarios electorales, y en general de ramos autónomos, en el pasado.
La reducida oposición lleva tres meses en una campaña que los exhibe no solo en el sentido de la derrota moral que se les atribuyo en 2018, sino que este año han caído en la derrota intelectual. La campaña ha incluido no solo spots televisivos y de radio que se pagan con el presupuesto público asignado a los partidos, también cientos de programas de entrevistas, opinión, informativos conducidos por los que en su soberbia se han autodenominado como la “opinocracia” en los últimos 40 años. El descredito de estos protagonistas en sus propios programas de comunicación en horario estelar ha obligado a las empresas de medios tradicionales a sustituirlos en las últimas dos semanas por nuevas caras y voces.
La campaña fue tan grotesca que se pueden señalar la irresponsabilidad de los titulares de las concesiones de radio y televisión, así como de los conductores de programas para ejercer el periodismo de manera objetiva. Por lo anterior, es importante diferenciar entre libertad de prensa y el libertinaje informativo.
Para colmo, en su desesperación por evitar una asignación que le otorga una mayoría calificada al oficialismo en la cámara de diputados, decenas de anteriores consejeros electorales que controlaron el Consejo General del INE es las tres décadas anteriores, emitieron un desplegado solicitando al Consejo actual que modificara los criterios de asignación de los plurinominales después de observado los resultados. Es decir, cambiar las reglas del juego después de terminado. Argumentaron, que la ambigüedad de los artículos constitucionales que aplican a la asignación debía ser reinterpretada de acuerdo con el “principio de máxima proporcionalidad”.
Lo que no mencionan en su desplegado es que los mismos criterios que se usan en este año, los aprovecharon para beneficiar al PRI en las elecciones de 2012 y 2015. En 2015, la alianza oficialista obtuvo el 42 por ciento de los votos y se les asigno el 50 por ciento de los diputados totales. ¿Porque no aplicaron el principio que invocan ahora en ese entonces, cuando ellos controlaban el INE? Si la Constitución era ambigua sobre el tema, pudieron proponer corregir la redacción del artículo 54.
La supuesta imparcialidad de esos consejeros electorales queda en duda. Si hay algún nombramiento de los ramos autónomos que es más estricto es el de los consejeros del INE, por la tradicional suspicacia que se tiene en México sobre los procesos electorales. Lo que se observa, es que en realidad el INE estuvo cooptado durante décadas, lo cual no es extraordinario considerando los amplios recursos presupuestarios que se les asigna.
La cooptación de ramos autónomos se observa a nivel internacional, por ejemplo, en documentos del FMI sobre los bancos centrales autónomos, reconocen que al ser autónomos pueden ser cooptados inclusive por agentes financieros privados. Claro que para cooptar deben simular elegir expertos, aunque para ello fabriquen trayectorias de excelencia profesional.
Recordemos que las alianzas electorales se aplican hasta la elección. Una vez iniciada la legislatura la definición de una fuerza política se modifica de acuerdo con los pactos que se realicen entre coordinadores por partido, como fue el caso del Pacto por México que se concretó en diciembre de 2012 entre el PRI, PAN y el PRD, con el cual tuvieron la mayoría calificada para realizar la reforma constitucional energética. Los que firmaron ese pacto en 2012, hoy se rasgan las vestiduras por la mayoría calificada que obtuvo ahora el oficialismo en las urnas, de mantenerse la alianza política.
Irónicamente, el actuar de los dirigentes políticos, consejeros, comisionados, legisladores, jueces, magistrados, ministros y comunicadores se ha enfocado en evitar la mayoría calificada del oficialismo y poder detener las reformas al Poder Judicial y a los ramos autónomos anunciadas desde el año pasado y que fueron frenadas en el poder legislativo y en la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, sus acciones han mostrado como son capaces de usar esas mismas instituciones con fines partidarios y facciosos, reforzando la percepción de que efectivamente deben ser reformados.
Aún así, el oficialismo debe ser responsable en la implementación de las reformas. No caer en triunfalismo, como salir eufórico de popularidad a dar un discurso de informe de gobierno en el Zócalo y decir que tenemos un mejor sistema de salud que el de Dinamarca, aunque dos días después te corrijas diciendo que fue una broma. Tampoco, puedes cambiar ahora el número de senadores necesarios para tener mayoría calificada de 2/3 si hay 128 senadores presentes. Son 86, no los 85 que te asigno el INE.
Mtro. Juan Aurelio Grullón
Mtro. Juan Aurelio Grullón S.
Lic. en Economía (Mejor promedio de su generación); Becado y Egresado de la Maestría de Economía de El Colmex; y Maestría en Administración. Diplomado en Análisis y Evaluación Financiera por el Tec de Monterrey.
Ha laborado en el Banco de México (1993-1996) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2010-2015). Actualmente es docente.
Ha sido tres veces campeón de tenis.
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