Protestan en el penal de Atlacholoaya familiares de internos, presumen actos ilegales del coordinador

 

 

 

René Vega Giles

 

Tras realizar una protesta en la entrada del Centro Estatal de Readapación Social de Atlacholoaya, ubicado en el municipio de Xochitepec, informaron que aucdieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que inicie diversas investigaciones en los penales administrados por el gobierno de Morelos, por el incremento en casos de tortura y castigos innecesarios.

 

De hecho, revelaron que el pasado jueves 20 internos fueron llevados a una celda de castigo, en donde Mario “N” recibió una golpiza y luego trasladado al hospital regional de Temixco, en donde murió antes de ser ingresado.

 

Al momento, los abogados defensores iniciaron diversas quejas ante las Comisiones Estatal y Nacional de los Derechos Humanos (CDHEM y CNDH), por los actos de “represión cometidos por el coordinador de Readaptación Social, Jorge Israel Ponce de León”.

 

También hay tres amparos resueltos por el Poder Judicial de la Federación contra actos del gobierno estatal, que otorgaron un lapso de cinco días para la destitución del servidor público en comento, así como de otros de sus compañeros.

 

En las áreas de confinamiento, aseguraron que hay cerca de 30 internos en una zona que mide cerca de15 metros cuadrados, sin luz, sin agua y sin baños, en una de las mismas fue golpeado y torturado el reo Mario “N” quien murió minutos después, cuando fue trasladado al hospital regional de Temixco y de los hechos no hay respuestas.

 

La intervención de la CIDH es urgente en Morelos, a decir de los familiares de quienes están privados de su libertad, en su mayoría por portación y/o venta al menudeo de droga.

 

Al interior del penal, recordaron que los amotinamientos como los asesinatos de los líderes del autogobierno fueron motivados por el Jorge Israel Ponce de León, así como la fuga de dos internos aproximadamente un mes.

 

Los abogados, indicaron que la investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también terminaría con el ingreso de drogas hacia los penales administrados por el gobierno estatal, además del autogobierno controlado desde la Coordinación de Reinserción Social.

 

 

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