Anabeli Franco Bahena
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), Lucero Benítez Villaseñor, manifestó que en caso de que el fiscal esté involucrado en las irregularidades al mandar 150 cadáveres a varias fosas comunes en Cuautla sin que se asentaran carpetas de investigación o se cerraran los casos, se solicite su renuncia.
Esta información se dio a conocer a raíz de a investigación periodística “Los dos entierros de Oliver” del compañero Carlos Quintero, sobre el caso de Oliver Wendeslao Navarrete Hernández, de 31 años, que se ha replicado en medios locales y nacionales, referente a la inhumación de 150 cadáveres en un panteón, ubicado en la Prolongación 5 de Mayo del poblado de Tetelcingo, en Cuautla, que ni siquiera cuenta con las condiciones sanitarias y de registro de defunción para que se pudieran realizar los entierros.
Esta noticia llegó a oídos de la Comisión de derechos Humanos que dentro del Consejo Consultivo del organismo “se subieron dos puntos de acuerdo para exhortar a la fiscalía para que se cambiara la carpeta de investigación (de Oliver) y que se pudiera mandar a Cuautla porque ellos (los familiares) tienen temor fundado de que pueda haber manipulación de la carpeta aquí en la fiscalía. El otro acuerdo fue hacer la inspección de manera inmediata y poder con eso girar los oficios del sector salud, para ver los permisos que se tienen que tener en el panteón que refieren no tener ningún permitido y que hay dos fosas donde se encuentra 149 cuerpos”, explicó Benítez Villaseñor.
El recorrido en el sitio se inició a las 10 de la mañana de este viernes a donde acudieron dos peritos de la Fiscalía, personal de la CDHEM y al menos siete familias más que dicen tener a personas que han desaparecido y se les han aperturado carpetas de investigación que pudieran estar relacionadas con esos cuerpos que de manera indebida se trasladaron a Tetelcingo.
Lucero Benítez argumentó que en su competencia les corresponde girar los oficios a las dependencias que pudieran estar involucradas para saber si fueron saltados los protocolos de salud y saber también cuántos servidores públicos pudieran tener responsabilidad.
“Hoy también se pide al Congreso del Estado que haya un exhorto para que el o la que vaya a tomar el cargo de fiscal, sí está involucrado en esta caso, si se demuestra y se siga todas las investigaciones pues que puedan renunciar a ese cargo y que se les pueda seguir un procedimiento de investigación”, manifestó la ombudsman.
Como se recordará, el caso de Oliver de acuerdo a la carpeta de investigación CT-UIDD-A/1791/2013, fue privado de la libertad el 24 de mayo del 2013 cuando esperaba a fuera de casa, ubicada en el poblado de Gabriel Tepepa, en Cuautla, a su ex esposa ya que ella le llevaría a sus hijos pequeños. Una vez que le fueron entregados los menores, segundos después llegó un auto en el que viajaban cuatro hombres.
Del vehículo descendieron los sujetos que sometieron a golpes a Oliver enfrente de sus hijos y lo golpearon en la cabeza con un bate de beisbol, subiéndolo a la unidad y dándose a la fuga.
El 3 de junio del 2013, la policía encontró el cuerpo de Oliver en el fondo de la barranca denominada Los Papayos, ubicada en la carretera federal Cuautla-Izúcar de Matamoros, en el municipio de Ayala.
Posteriormente, la madre de Oliver acude al ministerio público para reconocer el cuerpo de su hijo y a través de una prueba de ADN se confirma, sin embargo, el personal de la Fiscalía de la Zona Oriente le pide que dejen el cuerpo más tiempo porque al parecer habían detenido a los responsables.
Pasaron los meses y en diciembre del 2014 la directora general de Servicios Periciales Ana Lilia Guerrero Moreira giró la orden de que todos los cadáveres que se encontraba en las cámaras frigoríficas tanto de dependencia central (en Cuernavaca) y en la zona Oriente fueran enterrados, incluyendo el cuerpo de Oliver Wendeslao Navarrete Hernández.
De acuerdo a la información del reportaje “Los dos entierros de Oliver”, se describen que en las “fosas clandestinas” en el cementerio de Cuautla se encuentran al menos 53 cadáveres en calidad de desconocidos de los años 2011-2012-2013; aunado a ello 70 personas más, de las cuales 10 no contaban con carpetas de investigación.
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