Gerardo Fernández Casanova
21/10/2024
Al emprender la reforma al poder judicial, México ha dado lugar a un hito histórico de enorme trascendencia en el perfeccionamiento de su democracia. El desprestigio, por muchos años acumulado, de la impartición de justicia había alcanzado niveles que anulaban los esfuerzos por la procuración del bienestar de la población, tanto en la debida atención a las querellas particulares, como en la partidización de su estructura que obstaculizaba la transformación afirmativa de la vida pública. La judicatura estaba infestada por la corrupción y el nepotismo, al grado de que un particular de escasos recursos se veía despojado de sus derechos por delincuentes capaces de comprar su benevolencia. Incluso el abuso se manifestó en la vida pública como un poder preponderante respecto del ejecutivo y el legislativo, siempre afiliado al sector conservador y adversario de los proyectos progresistas, lo que sucede en casi en todo el mundo, con particular enjundia en Nuestra América.
Como es natural, la reacción a la medida por quienes ven afectados sus intereses resulta descomunal; puede decirse que todo el poder judicial está en rebeldía conspirativa: los trabajadores en paro pero cobrando sus sacrosantos salarios; jueces escupiendo amparos como valentón de cantina; ministros de la corte enconchados en una mayoría numérica suficiente para tapar los ojos a la razón; la prensa mayoritaria y conservadora manipulando a la opinión pública en contra de la transformación, y con especial sagacidad el eco internacional por gobiernos y organizaciones injerencistas y fascistas.
Cabe reconocer que el ejecutivo y el legislativo operaron de manera quirúrgica el proceso reformador, de manera de no dejar resquicio a cualquier objeción jurídica que la detuviera. Se manejaron con la razón jurídica y la fuerza numérica. Manifestaciones infundadas han sido toleradas sin represión de ninguna especie.
Pero lo que ha sido magistral ha sido el diseño político del proceso. AMLO tuvo siempre en mente que era impostergable una reforma profunda en materia de impartición de justicia. Nadie puede olvidar la triquiñuela judicial por la que fue dasaforado siendo jefe de gobierno de la capital del país, con el único fin de impedir que compitiera por la presidencia de la república, del cual lo salvó el pueblo con su respaldo vigoroso y multitudinario. Por todo el país que recorrió, conoció de la multitud de casos de abusos de las personas juzgadoras sobre los que carecían de dinero para comprar la justicia. Tampoco dejaría de asimilar los fraudes electorales de que fue víctima. Al principio de su administración supo que sus números legislativos no le alcanzaban y, además, no tenía confianza en la efectividad del respaldo popular en ese momento. Optó por invitar a la corte a que desde el interior se procurara la reforma; el propio ministro presidente se sumó al proyecto, pero la mayoría de los ministros la desatendió; incluso se promovió la ampliación del mandato del ministro presidente para porfiar en el intento, con nulo resultado. Ya para entonces se había entablado un franco conflicto entre ambos poderes, comenzando por la intención de reducir los enormes emolumentos de los juzgadores y por los amparos otorgados como tortillas en hospicio en contra de la obra pública de gobierno. En las elecciones intermedias de 2021 quedó lejos de lograr la mayoría calificada en las cámaras y la oposición alcanzó la posibilidad de interponer acciones de inconstitucionalidad en las leyes secundarias que pudiera determinar con su mayoría simple. Entonces mandó al legislativo reformas constitucionales de obvia conveniencia nacional y popular, sabedor de que serían rechazadas, dándoles una muy amplia publicidad para que el pueblo identificara plenamente a sus enemigos y traidores; los temas importantes así negados se convirtieron en la materia central de todo el proceso electoral identificando al enemigo a vencer, con la que incrementó su propia popularidad y la de quien fue su candidata a sucederlo. La respuesta rebasó la magnitud esperada: la presidencia para Claudia Sheinbaum con casi 60% de la votación, además de mayorías calificadas en las cámaras legislativas. El poder constituyente se hizo perfectamente factible y entonces respondió con las reformas postergadas. Vaya estratega político.
Desde antes de concluir su mandato fueron aprobadas por el legislativo recién electo las reformas propuestas, promulgadas bajo su firma, de manera de aliviar a la presidenta entrante de las presiones de la reacción. Claudia Sheimbaum está más que firme en la presidencia e implementa con mayor comodidad las reformas logradas. Va a requerir todo nuestro apoyo, porque la perra es brava.
gerdez777@gmail.com
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