J. Rigoberto Lorence
La policía de Chiapas reprimió con violencia el domingo 16 de febrero por la mañana, una movilización de Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, causando graves lesiones a varios de los participantes, en un hecho solo comparable a los realizados por el gobierno de Peña Nieto, en la época más aciaga del régimen neoliberal.
Los padres de los estudiantes desaparecidos fueron acompañados ese día por alumnos de la Normal Rural de Mactumatzá, ubicada en esa región, así como por representantes de varios sectores de la población. Resultó gravemente herido el estudiante José Antonio Flores, de Ayotzinapa, así como Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, quien forma parte del grupo de los 43 desaparecidos.
José Antonio Flores fue lesionado de gravedad porque una bomba lacrimógena fue disparada a menos de 2 metros de su cabeza, produciéndole fractura de cráneo. Fue llevado al hospital de inmediato donde se le practicó una cirugía para salvarle la vida.
La movilización forma parte de las actividades de los Padres de los 43 con objeto de dar a conocer la situación que guardan las investigaciones en torno a ese grave asunto. Dichas movilizaciones han tenido éxito en todo el país, pero en Chiapas se toparon con la cerrazón de un gobierno que, por ser emanado de Morena, se pensaba era progresista, y como tal, respetuoso de la libertad de expresión y de la búsqueda de las víctimas.
Tanto la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, como el subsecretario Alejandro Encinas, condenaron públicamente los hechos, pidieron atención inmediata a los lesionados y exigieron una investigación para deslindar responsabilidad de los funcionarios de Chiapas que ordenaron y ejecutaron la represión.
Por su parte, tanto el secretario de Gobierno Ismael Brito Mijangos, como la secretaria de Seguridad Pública de Chiapas, Gabriela Zepeda, hicieron declaraciones públicas justificando la represión y argumentando que los manifestantes habían “provocado” a las fuerzas del orden, y que habían alterado el “estado de derecho”.
Tales declaraciones resultan inauditas a la luz de la nueva realidad política de México. Los funcionarios chiapanecos parecen voceros de los gobiernos neoliberales y no de la 4T. También los normalistas de Ayotzinapa fueron acusados de “alterar el orden” en septiembre de 2014, y el resultado de tales acusaciones fueron los muertos, heridos, desollados y desaparecidos.
En el país se han realizado desde entonces miles de marchas y homenajes en recuerdo de los 43. Y en ellas no se han producido incidentes tan lamentables como en Chiapas. Nunca nadie se ha atrevido a reprimirlos, y menos aún bajo los argumentos de la “defensa del orden”.
El presidente López Obrador tiene como uno de sus objetivos prioritarios encontrar a los responsables de la bárbara masacre de 2014, así como de los responsables de la desaparición. Pero en Chiapas el reloj de la historia marcha con retraso notable de los avances en cuanto al respeto de las libertades y derechos de las víctimas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también condenó enérgicamente los hechos, y advirtió al gobierno mexicano que la medida cautelar MC-409-14 está vigente y protege a los familiares de los desaparecidos.
La CIDH recordó también a las autoridades mexicanas que los familiares de los desaparecidos son víctimas, y como tales deben ser tratados, es decir, se les debe aplicar un esquema de protección que evite una nueva victimización, y apoyarlos en sus esfuerzos para que puedan encontrar a sus hijos desaparecidos.
Tal parece que el gobierno de Chiapas sigue estando en manos de los grupos oligárquicos que siempre han tenido el control de la política local. La candidatura de Morena para el actual gobernador, Rutilio Escandón, solo fue un barniz que trató de ocultar su origen valazquista y su talante reaccionario, como miembro de los clanes que siempre han manipulado y reprimido a la población chiapaneca.
El gobierno federal no solo debe condenar la represión, sino tomar las medidas políticas más enérgicas para conseguir que en Chiapas se dé prioridad a las libertades democráticas, se apoye la lucha popular y se destierren las bárbaras prácticas de los gobiernos cavernícolas neoliberales.
El derecho a la libre manifestación y expresión de las ideas es producto de la lucha histórica de la sociedad mexicana. No es una graciosa concesión del gobierno. Conquistar esos derechos costó el esfuerzo, la prisión y la sangre de miles de mexicanos, y debe ser respetado por las autoridades de todos los niveles.
Estudió en la Facultad de Derecho y Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la UNAM. Militante de las organizaciones democráticas y revolucionarias de México desde hace unos 40 años. Ha impartido cursos de reportaje, redacción y otras áreas dentro del periodismo.
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