Rigoberto Lorence
En el Campo Militar Número 1 de la Ciudad de México tuvo lugar la ceremonia inaugural de la Comisión de la Verdad, el día 22 de junio pasado, con el fin de abrir los expedientes militares relacionados con la represión policiaco-militar de los años setenta del siglo pasado, que llevó a la cárcel, la tortura y la muerte de centenares de revolucionarios que pelearon durante la llamada “Guerra Sucia” (1965-1990).
En el acto inaugural, además del presidente AMLO y el secretario de la Defensa, estuvieron presentes Alicia de los Ríos Merino, hija de una dirigente revolucionaria de los mismos apellidos, quien estuviera detenida en el Campo Militar, fue torturada y posteriormente desaparecida en uno de los “vuelos de la muerte” que partían de la base naval de Pie de la Cuesta, en Acapulco, y los lanzaban al mar. Esos vuelos inauguraron le funesta tradición que después aplicarían en gran escala las dictaduras militares de América del sur.
También estuvo en el presídium Micaela Cabañas, hija del profesor Lucio Cabañas, comandante militar insurgente que se levantó en armas en la Costa Grande de Guerrero, entre los años de 1987 a 1994, y que cayera en combate contra soldados del ejército en la población del Otatal, en el municipio de Tecpan de Galeana.
El secretario de la Defensa, al hacer uso de la palabra, indicó que se levantaría un memorial con los nombres de los soldados caídos en aquellos combates. Esta propuesta no fue bien recibida por los presentes, porque puso en el mismo nivel a los represores con los reprimidos, a los esbirros del gobierno con los luchadores rebeldes. Ningún soldado fue torturado por los rebeldes, ni víctima de desaparición forzada. En todo caso, cayeron en un combate de frente, en las mismas condiciones de los rebeldes a quienes iban a reprimir.
Como antecedente podemos apuntar que ya existió a principios de este siglo una Comisión de la Verdad para delitos cometidos por agentes del gobierno federal en el estado de Guerrero, así como una Comisión en la época de Vicente Fox, que analizó específicamente los hechos ocurridos durante la represión contra estudiantes del ’68 y de 1971. Aunque hubo avances, no se consiguieron plenamente los fines para los que fueron creadas esas comisiones.
Hoy toca a la nueva Comisión de la Verdad, cuyo presidente es Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, e integrada por sobrevivientes de los movimientos armados y eminentes historiadores, avocarse al análisis de la abundante documentación que pondrán en sus manos los archivos de las fuerzas armadas, incluidas las órdenes militares sobre operaciones específicas, sus nombres en clave y el grado de violación de los derechos humanos que realizaron en cumplimiento de tales órdenes.
El gobierno de AMLO cumple así con un compromiso histórico, asumido durante su campaña, de abrir los expedientes militares, la documentación y los edificios a los investigadores de esta Comisión. Se abren para que los expertos puedan analizar los documentos, entrevistar sobrevivientes, reconstruir hechos y personajes y analizar las condiciones concretas en que se encuentran los edificios que en aquel tiempo fueron usados como prisiones.
Una de esas prisiones clandestinas fue precisamente el Campo Miliar número 1, en cuyos sótanos anexos a las caballerizas se habían habilitado muchas celdas para prisioneros. De los centenares de civiles que pasaron por ahí, solo algunos pudieron recuperar su libertad. Muchas personas fueron trasladados a campos de exterminio, como Alicia de los Ríos. Otras perdieron la vida ahí mismo.
Un momento emotivo de la ceremonia fue cuando Micaela Cabañas, hija de Lucio, relató que fue detenida junto con su madre, Isabel Ayala, y llevadas a prisión, donde a ésta trataron de sacarle la ubicación de Lucio a base de torturas. Micaela solo tenía dos meses de edad; en ese lugar aprendió a caminar, correr y pronunciar sus primeras palabras.
De hoy en adelante, los mexicanos podremos conocer las entrañas de los expedientes, las órdenes que el alto mando de la secretaría de la Defensa impartió a los comandantes de las zonas y regiones militares de Acapulco y Chilpancingo; las órdenes que estos impartían a los grupos bajo su mando, y la complejidad de las operaciones que crearon un clima de terror por todos los rumbos de la Costa Grande.
Asimismo, según lo establecido en la “Operación Luciérnaga”, se colocaron retenes militares por todos los caminos de la región, donde “orejas” contrarios al cabañismo delataban a los simpatizantes de Lucio y del Partido de los Pobres. En pocas palabras: podremos conocer como los 4 municipios de la Costa Grande de Guerrero (Atoyac, Coyuca de Benítez, Tecpan de Galeana y San Jerónimo) fueron sometidos a estado de sitio, sin ningún fundamente en la ley, porque el estado de excepción se aplicó de hecho pero nunca se fundamentó en el derecho ni cubrió ningún requisito constitucional.
El sistema de control establecido por el ejército y las guardias blancas funcionó imponiendo un estricto control de actividades, de manera que los campesinos no podían salir a trabajar sus parcelas ni producir sus alimentos. A su vez, los soldados tenían bajo registro a los habitantes de los “barrios”, de modo que sabían cuántos eran los miembros de cada familia para entregarles raciones de alimentos. Este sistema permitía el control absoluto de cada comunidad. Las familias deberían presentarse a recibir los paquetes junto con todos sus miembros en un lugar público del poblado para que los revisara la tropa, sin que faltara ninguno.
El método de ejecución-desaparición era una burla sangrienta a los derechos humanos de los detenidos. Los llevaban a sacarse “la última foto” porque les mentían acerca de que ya iban a ser liberados. Una vez sentados frente a la cámara, en vez de tomarles la foto les metían un pistoletazo en la nuca y, tiempo después, los aviones de la base naval arrojaban los cadáveres al mar.
Estos hechos terribles ya son conocidos. Hay varios textos y libros publicados sobre el tema. Pero hoy podremos saber con base en los archivos, quién impartió las órdenes para tales atrocidades. Sus nombres y cargos, así como los nombres y funciones de los ejecutores y de toda la cadena de complicidades que hicieron posible esas prácticas brutales e inhumanas.
Como se dijo de manera reiterada en la ceremonia: este día se abrieron unas puertas que nunca más deben ser cerradas. La sociedad mexicana necesita conocer la verdad. Y que se haga justicia a las víctimas de los delitos cometidos por funcionarios públicos. Solo así será posible la paz social, fruto de la verdad y la justicia.
Estudió en la Facultad de Derecho y Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la UNAM. Militante de las organizaciones democráticas y revolucionarias de México desde hace unos 40 años. Ha impartido cursos de reportaje, redacción y otras áreas dentro del periodismo.
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