Por Jesús Castillo García
El 23 de diciembre del 2013 publicamos en nuestra columna de “Estrategias” en La Unión de Morelos, que el gobierno de Graco Ramírez preparaba “el negocio del siglo” que le generaría cientos de millones de pesos a través del entonces secretario de Movilidad y Transportes, David Gómez Basilio.
Dicha operación sería una nueva edición de la que realizó el gobernador Sergio Estrada Cajigal Ramírez unos meses antes de dejar su gobierno, orquestada magistralmente por su director de Control Vehicular, Víctor Mercado Salgado.
En el 2006 ocurrió lo siguiente:
Jurídicamente el Congreso del estado promulgó la entrega de concesiones previo estudio de factibilidad, sin establecer un límite, pero se hablaba de que serían unas mil 700. Los requisitos eran mínimos y el costo ínfimo: mil 500 pesos que tenían que ser depositados en la tesorería del estado.
Pero en la práctica para hacerse de una concesión, el particular debería entregar 70 mil pesos “contantes y sonantes” a un funcionario de la entonces Dirección del Transporte que se encargaría de entregarlos a sus jefes.
Cajas de cartón de huevo (grandes pues) llenas de billetes fueron las que desfilaron. Me cuentan transportistas que la operación no se hizo un solo lugar, sino en diferentes sitios como si se tratara del pago de rescate de un secuestro. El líder de los taxistas le hablaba al funcionario D y le decía cuántos paquetes de 70 mil pesos ya tenía y los nombres de quienes lo habían entregado. Quedaban de verse en un lugar público, casi siempre en los estacionamientos de Chedraui y Comercial Mexicana de Jacarandas. Se estacionaban uno al lado del otro, y en menos de dos minutos la caja de cartón conteniendo cientos o miles de billetes pasaba de una cajuela a otra.
¿Por qué no trascendió todo lo que le estoy contando? Porque los realizadores de esta operación fueron muy astutos y supieron calcular muy bien el precio de cada quien. ¿Quiénes eran los que podían “hacer ruido” en este asunto? ¿Diputados? ¿Presidentes de Partidos Políticos? ¿Líderes de transportistas? ¿Periodistas? Todos fueron tomados en cuenta a la hora de la repartición, algunos para trabajarlas y otros para venderlas.
En ese tiempo las concesiones para Cuernavaca andaban en los 200 mil pesos y en el resto de los municipios bajaban hasta 20 mil pesos, es decir, estaban desproporcionadas. ¿Cómo solucionaron este problema? Poco antes de salir, el gobierno promulgó la llamada “metropolización del transporte público”, con lo que cualquier taxi de cualquier municipio puede dar servicio en Cuernavaca y su zona conurbada.
Así fue como se repartieron miles de concesiones de taxis en el 2006, sin que a la fecha exista un padrón exacto de cuántas fueron liberadas. De hecho, se rumora que algunos funcionarios se guardaron folios que pusieron a operar hasta hace un par de años.
Debemos mencionar que el gobernador Marco Adame Castillo no quiso o no pudo repetir la operación de su antecesor. El último director del transporte, Francisco Alba Meraz, no tuvo la capacidad para realizar una operación de esa magnitud. Hizo la prueba con la repartición de concesiones para transporte de carga pero no encontró demanda, por lo que las tuvieron que malbaratar en 40 mil pesos. Se les vino el tiempo encima y ya no quisieron aventarse el paquete.
Pero resulta que hay alguien que aprendió muy bien cómo funciona el negocio en el rubro del transporte que se llama David Gómez Basilio, y lo aprendió muy bien porque fue titular de dependencia con el gobierno panista.
Alguien lo contactó con el entonces candidato a la gubernatura del estado, Graco Ramírez, y desde entonces se firmó simbólicamente un pacto: organizar a los transportistas para lograr el triunfo del PRD en las elecciones, operar la liberación de concesiones “donde todos salgan ganando”, y que esto sirva como plataforma para futuras elecciones.
Como ya lo hemos mencionado, David es ampliamente conocido en el sector de los cristianos donde incluso es ministro de culto. De ahí que la primera garantía que le ofreció al hoy gobernador es no tomar un quinto de todo lo que se maneje. Entonces ¿qué gana David Gómez Basilio con todo esto?
La primera condición fue que se fusionaran las direcciones de control vehicular y transportes para convertirlas en la Secretaría de Movilidad y Transporte, garantizando así un sueldo a nivel de secretario de gabinete que es mucho más de lo que hubiera soñado el otrora modesto catedrático de la Facultad de Derecho. Y que después de la operación, se le asigne un cargo (como dice la canción de José Alfredo) “alejado del bullicio y la falsa sociedad” donde no tenga que lidiar con más líderes transportistas ni periodistas pero siga conservando un buen sueldo.
Pero la operación también tiene su vertiente política.
Precisamente para ello ha surgido la Federación Democrática de Transportistas “Nueva Visión” que encabezan Judith Juárez Figueroa y Jesús Arizmendi. Ellos están reclutando gente con la promesa de que serán beneficiados con una concesión, pero es evidente que a cambio deberán hacer trabajo político-electoral.
Algo muy parecido con lo que hizo el PRD en el Distrito Federal con los taxistas llamados “Panteras” que trabajaban de manera clandestina y que el gobierno capitalino regularizó y hoy representa uno de sus bastiones más fuertes para conservar el poder en la capital del país.
Ahora bien, del análisis de la operación realizada en el sexenio de Sergio Estrada Cajigal, la gente de Graco detectó que fue muy barato el costo de la concesión, prácticamente simbólico. Mil 500 por persona, ya lo mencionamos líneas arriba.
Por eso es que hace unos días el gobernador del estado anunció “con bombo y platillo” que “se acabó el negocio para los líderes transportistas”, al dar a conocer que a partir del 2013 las concesiones (o sea que ya aceptó que habrá liberación de permisos el año que viene) tendrán un costo real de 25 mil pesos.
“De lo único que estamos seguros es que el gobierno del estado “matará tres pájaros de un tiro”, al regularizar a taxistas que de por sí ya están dando el servicio (piratas); allegarse de recursos “limpios” a través de la tesorería, y finalmente obtener dinero no auditable y votos potenciales para las elecciones del 2015 que ya están a la vuelta de la esquina. Y bueno, los líderes transportistas tendrán algunas decenas más de concesiones que se sumarán a las que ya tienen a cambio de su silencio”, advertíamos el 23 de diciembre en “Estrategias”.
No nos equivocamos. El primero de enero de este año (un día inhábil en el que a nadie se le ocurre revisar el periódico oficial Tierra y Libertad) se publicó el decreto mediante el cual se anuncia de manera unilateral que se van a “regularizar” taxis que ya vienen prestando el servicio desde antes.
Para los conocedores del derecho, el “acuerdo” de marras es un verdadero mamotreto que no tiene pies ni cabeza, ilegal a todas luces.
Perdida entre otras disposiciones legales, aparece el texto (que no es un decreto) en el que se menciona que “no obstante las acciones implementadas y que resultan efectivas para cerrar filas en contra de la delincuencia, existen vehículos del transporte público con y sin itinerario fijo en la referida zona metropolitana del Estado, comprendida por los Municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Huitzilac, Tepoztlán, Temixco, Emiliano Zapata y Xochitepec, respectivamente; que tiempo atrás han venido prestando el servicio público de pasajeros sin contar con la concesión correspondiente; no obstante eso, su labor y su existencia son del conocimiento público, puesto a que representan el sustento de muchas familias y satisfacen la necesidad de transporte de la población”.
Y termina diciendo que “con base en los antecedentes que preceden, resulta por demás necesario emitir el presente Acuerdo, por el que se instruye a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo Estatal, para que proceda de manera inmediata atendiendo a los estudios de factibilidad respectivos, a los censos y a la necesidad misma de los grupos más vulnerables de nuestro Estado, a regularizar en términos de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, al transporte público de pasajeros, con y sin itinerario fijo, exclusivamente en la zona metropolitana conformada por los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Huitzilac, Tepoztlán, Temixco, Emiliano Zapata y Xochitepec, del Estado de Morelos; debiendo de asumir los directamente beneficiados, el compromiso de prestar el servicio público de pasajeros, bajo los lineamientos que al efecto establece la referida Ley de la materia”.
Como se puede observar, menciona a taxis y rutas pero nunca dice cuántas concesiones se van a otorgar. Tampoco dice los requisitos específicos para obtener dichas concesiones, y jamás menciona a la Comisión Estatal del Transporte, que se supone es un órgano colegiado que se encarga de analizar las necesidades en este rubro.
Y es que de lo único que se trataba, era de dar el pretexto legal para la expedición de concesiones sin más requisito que el depósito de 25 mil pesos con recibo, y 75 mil “por debajo del agua”.
Todo iba bien. Incluso ya los sempiternos líderes del transporte habían aceptado que se regularizaran los taxis “piratas” de Víctor Manuel Mata Alarcón que tanto han criticado, a cambio de algunas docenas de concesiones para sus organizaciones.
También, el pastor cristiano David Gómez Basilio dio por terminado su trabajo y (tal como lo habíamos pronosticado) se le asignó un puesto bien remunerado y fuera de todo escenario como asesor del gobernador mientras se desocupa su magistratura del Tribunal de lo Contencioso Administrativo donde ya tiene el nombramiento como suplente.
En su lugar llegó Manuel Santiago Quijano, un desconocido para los transportistas de Morelos cuyo origen y propósito será motivo de otra entrega.
Pero entonces ¿quién se encargaría de operar “el negocio del siglo versión amarilla”?
Aquí aparece un personaje de negros antecedentes. Se trata de Israel Camacho Huerta (detenido en mayo del 2006 por balear a un joven), quien junto con su hermano Jorge se encargaban de hacerle los trabajos sucios al gobernador Sergio Estrada Cajigal. Al finalizar el sexenio, Estrada Cajigal les garantizó su estabilidad económica dándoles plazas en la Policía Ministerial y en la Dirección del Transporte donde ha ocupado diversos cargos.
Israel Camacho Huerta se encargaría de recaudar las maletas con dinero, pero trató de asegurar su futuro con varias concesiones para lo cual otorgó licencias de chofer a toda su familia para hacerlos parecer transportistas.
El hecho pudo haber pasado desapercibido, de no ser porque esta información llegó a oídos de Víctor Mercado Salgado. Sí, el que fuera principal orquestador del “negocio del siglo versión azul”.
El famoso “güero” sí supo aprovechar muy bien las ganancias que obtuvo de aquella operación, y entre otros negocios puso un noticiario de radio llamado “Zona Centro”. Desde esa trinchera se ha dedicado a atacar a los directores del transporte y control vehicular.
El detalle que parece ser que le echará a perder el negociazo a Graco es que a Israel Camacho le ganó el hígado y cuando el pasado jueves se encontró al reportero de Zona Centro, Geovanni Barrios, lo tachó de mentiroso y le dijo que “se cuidara”.
Esto originó que el gremio de periodistas en la entidad emitiera una carta abierta al gobernador Graco Ramírez condenando la amenaza al comunicador, a quien Víctor Mercado le asignó escolta privada.
Este hecho “calentó” el procedimiento legal y puso en riesgo el “negocio del siglo”.
Lo extraño es que, repentinamente, desaparecieron de la página de internet de “Zona Centro” (propiedad del autor intelectual del primer negocio del siglo) todas las notas que hacen referencia al nuevo secretario de Movilidad y Transporte y a Israel Camacho.
Todo parece indicar que ya hubo un acuerdo para que Zona Centro deje de evidenciar “el negocio del siglo versión perredista” y se lleve a cabo en los términos que hemos venido informando.
Periodista con 25 años de trayectoria; Premio Estatal de periodismo 2010 y 2012. Premio Nacional de Periodismo 2013.
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