Simulación y subordinación al Ejecutivo, prevalece en los órganos garantes

México, DF.- El camino para que se haga realidad el mandamiento constitucional de que el Estado garantizará el derecho a la información es todavía largo y sinuoso. En la mayoría de los estados de la República los gobernadores no solamente afirman, sino hasta presumen una supuesta transparencia, pero en realidad buscan a toda costa obstaculizar el acceso de los ciudadanos a los datos realmente importantes, y para ello se valen de todo tipo de argucias, desde imponer en los órganos garantes a sus parientes o amigos, hasta contratar a expertos en la materia para obligar a los peticionarios a desistir por falta de un abogado.

Esas son algunas de las conclusiones a las que arribaron los participantes en la Reunión Anual de la Red por la Transparencia “México Infórmate” que se realizó este sábado y domingo en la ciudad de México, provenientes de diferentes estados de la República.

Los periodistas Isaín Mandujano, de Chiapas; Lilia Saúl, del Distrito Federal; Marlene Castro, de Guerrero; José Alfredo Beltrán, de Sinaloa; Jesús Castillo, de Morelos; Martha Acevedo de Guanajuato, Erick Pacheco, Queretaro; y Rosa María Marbán, de Yucatán, coincidieron en que los órganos garantes de acceso a la información están más preocupados en quedar bien con los respectivos gobernadores y diputados de sus entidades respectivas, que en impulsar una cultura de la transparencia.

Un caso extremo ocurre en Chiapas, donde la titular del Instituto de Información Pública, Ana Elisa López Coello, es tía del gobernador Manuel Velasco Coello.

Además, lamentaron que haya poco interés de los propietarios de los medios de comunicación por apoyar a sus reporteros para que éstos realicen investigaciones apoyados en las leyes de información pública, o bien, se molestan cuando algún periodista difunde las listas de los medios que son favorecidos con publicidad oficial.

Y si una de las promesas del Grupo Oaxaca que impulsó la Ley Federal de Acceso a la Información era que los ciudadanos no necesitarían conocimientos jurídicos ni pagar abogados para obtener información pública, hoy se está viendo que los gobiernos orillan a los peticionarios a llegar a un punto en el que no hay otra salida que desistir.

“Mucha gente viene a preguntarme qué se puede hacer después de que el IFAI o el INFODF ratifica la negativa de una institución a entregar la información solicitada, y la verdad es que sabemos que el único recurso que procede es el amparo, pero no tenemos los conocimientos jurídicos necesarios para interponerlo y defender nuestra posición ante la Justicia Federal”, comentó Lilia Saúl, reportera de El Universal.

Algo similar ocurre en Morelos, donde el Gobierno de Graco Ramírez contrató los servicios de Salvador Guerrero Chipres, ex comisionado del Instituto de Información Pública del Distrito Federal, para que conteste las solicitudes que le realicen a la Secretaría de Información y Comunicación Social de ese gobierno.

Los integrantes de “México Infórmate” acordaron buscar asesoría con abogados expertos en la materia a nivel nacional para interponer los recursos que sean necesarios a fin de obtener los datos solicitados a las diferentes autoridades.

Otro dato interesante es que los órganos garantes se resisten a cumplir ellos mismos con la transparencia, como es el caso de Guerrero, donde el ITAIG rechazó informar el salario de uno de sus consejeros.

La reunión anual de “México Infórmate” se llevó a cabo en el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) en el Distrito Federal durante los días 4 y 5 de octubre.