Juan Aurelio Grullón
Ciudad de México, 15 de julio 2022
En 2022, el incremento en el costo de las materias primas originado por el conflicto de Ucrania y Rusia, han ocasionado aumentos importantes del precio de la gasolina a nivel mundial. Pero en México, este aumento es menor al 10 por ciento, en tanto que en Estados Unidos y Europa ha sido superior al 40 por ciento. Para lograr lo anterior, el gobierno ha aplicado una política pública de subsidios, al no cobrar el 100 por ciento de los impuestos que normalmente se cobrarían por las transacciones de combustibles.
En el caso de México, esta política pública es sostenible, porque la aplicación del subsidio a los combustibles locales es compensada por el incremento de las recaudaciones derivadas por la extracción y exportación de petróleo. Aun así, el costo del subsidio en el año 2022 ascenderá a 350,000 millones de pesos, cinco por ciento del presupuesto de egresos federal.
El razonamiento de que será compensado por las exportaciones es cuestionable cuando la empresa pública de petróleo en México (PEMEX) tiene una deuda (externa principalmente) mayor a 100,000 millones de dólares, y la semana pasada fue degradada por las calificadoras a bonos basura. Sus pasivos de deuda y laborales son del doble de sus activos. (Ver articulo Pemex y sus Bonos de Deuda, del 5 de marzo 2021).
Aclaro que está calificación aplica para los bonos de Pemex, no los del Gobierno Federal, que por cierto tienes reservas internacionales del doble de toda su deuda externa. Podría pagar todos sus bonos, ahorrarse unos 5,000 millones de dólares en intereses al año, y usar esos recursos para contener la inflación de manera focalizada. (Ver articulo del 7 de enero de 2021).
La medida tiene el propósito amplio de contener la inflación, que en México ha alcanzado a junio solo el ocho por ciento (menor de diez, se considera moderada, especialmente en países en desarrollo). Estados Unidos alcanzo casi el 11 por ciento en el mismo periodo. En México debería preocuparnos más el spread bancario local, que si es mayor al diez por ciento.
Hasta aquí el contexto de finanzas públicas y económicos de la situación de la gasolina en los tiempos de Ucrania. Ahora veamos algunas consideraciones conceptuales sobre el impacto de una política pública de un cinco por ciento del PEF.
El propósito de contener la inflación mediante el subsidio a la gasolina tiene un alto costo, pero su impacto en los efectos distributivos del ejercicio del presupuesto puede ser ambiguo. Para aclarar esto es necesario separar los efectos directos de los indirectos.
Evidentemente, el efecto directo es cuando pagas en la gasolinera al cargar combustibles. Con los precios actuales el ahorro es del 30%. Sin subsidios el precio de la gasolina sería de unos 33 pesos, mientras pagamos 22. Este beneficio directo aplica a todos los que poseen un vehículo, camión o autobús. Aquí se cuestiona, si es correcto subsidiar al que maneja un auto de 8 cilindros para transportarse solo. (Ver articulo Movilidad en la CDMX, junio 29 del 2022).
Aquellas personas que usan transporte público (3/4 partes de la población, generalmente los más pobres) se benefician, al pagar un pasaje más económico que si no hubiera el subsidio. Existen programas alternativos para evitar incrementos. En la Ciudad de México se les otorga un bono de combustible a los transportistas registrados.
La industria es otro beneficiario directo del subsidio a los combustibles. El impacto en sus costos variara entre sectores, pero de manera similar se podrían otorgar bonos de energéticos solo a aquellas industrias que tendrían mayor impacto a la inflación.
Entre los efectos indirectos, encontramos el transporte de mercancías. De manera similar solo algunos productos, principalmente agrícolas que impactan mucho en la tasa de inflación, deberían recibir un bono de combustible por transporte.
Claro que la política de sustitución de subsidios por bonos focalizados tendría un costo administrativo y llevaría tiempo, pero se aseguraría que el gasto tenga un mejor efecto redistributivo. Recordemos que, la actual administración logró su triunfo electoral con la bandera del combate a la desigualdad.
Ahora entramos en el terreno de la política electoral. En 2018, durante la campaña del actual presidente, siendo candidato opositor, constantemente capitalizaba el incremento del precio de la gasolina entre 2012 y 2018, De 11 a 18 pesos, casi el 70 por ciento. En sus discursos de campaña prometía que no habría grandes incrementos de los combustibles en su administración.
Electoralmente fue muy redituable la promesa cuando era oposición, ahora que es gobierno, nos está costando a todos. El subsidio lo sacan de otras partes del presupuesto, no de su bolsillo. Pero el impacto mediático de anunciar que tenemos gasolina más barata que en Estados Unidos, le seguirá siendo rentable en las urnas en los próximos dos años.
Volvemos a la situación en la que las políticas públicas quedan supeditadas a los intereses de algunos políticos. Ante la falta de un servicio civil de carrera responsable, que les explique las verdaderas consecuencias en mediano y largo plazo, seguirán usando el PEF, que asciende a casi el 30 por ciento del PIB, con criterio electoral.
Mtro. Juan Aurelio Grullón
Mtro. Juan Aurelio Grullón S.
Lic. en Economía (Mejor promedio de su generación); Becado y Egresado de la Maestría de Economía de El Colmex; y Maestría en Administración. Diplomado en Análisis y Evaluación Financiera por el Tec de Monterrey.
Ha laborado en el Banco de México (1993-1996) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2010-2015). Actualmente es docente.
Ha sido tres veces campeón de tenis.
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