UNA INVESTIGACIÓN DEFICIENTE

 

 

José Luis Urióstegui Salgado

 

Cuernavaca, Morelos, septiembre 26 de 2015.

La desaparición de cuarenta y tres estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, ha confirmado la vox pópuli que en México la delincuencia organizada no solo cuenta con la complacencia y omisión de la autoridad policial, aún más, recibe su apoyo material en la ejecución de acciones criminales que le benefician.

La noche del pasado 26 de septiembre de 2014 empezaron a circular rumores del ataque armado a diversos vehículos de transporte público por el rumbo de Iguala; luego esos rumores se volvieron noticia y nos enteramos que primero habían atacado un autobús que transportaba a los integrantes de un equipo de futbol y posteriormente supimos que la policía municipal de esa ciudad también enfrentó a estudiantes que viajaban en varios autobuses y que, supuestamente, se dirigían al lugar en que la esposa del presidente municipal, María de los Ángeles Pineda, daría su informe como presidenta del DIF local y recibieron órdenes de José Luis Abarca para impedirlo de cualquier forma.

Casi en forma inmediata las autoridades hicieron un recuento de los daños y observaron que varias personas murieron en los dos eventos y varios estudiantes no fueron localizados; autoridades y familiares de las víctimas llevaron a cabo un rastreo en zonas cercanas a Iguala en donde localizaron entierros clandestinos de cuerpos humanos que se pensó correspondían a los estudiantes, pero no fue así. Posteriormente algunos policías detenidos declararon que el presidente municipal había dado la orden de detener a los jóvenes y luego vino la orden del líder del cártel Guerreros Unidos de desaparecerlos y deshacerse de los cuerpos. De acuerdo con el entonces Procurador General de la República, la forma de privarles de la vida fue mediante disparos de arma de fuego, luego trasladaron los cuerpos a un basurero ubicado a orillas del Río San Juan, en Cocula, Guerrero, en donde hicieron una fogata con residuos sólidos, llantas y gasolina y los arrojaron, manteniendo la fogata durante varias horas, de tal suerte que quedaron muy pocos restos que fueron introducidos en bolsas de plástico y arrojados al río, perdiéndose así las pocas evidencias resultantes del atroz crimen. Sobre esa verdad histórica se avanzó y se ha detenido a decenas de personas que han declarado y confirmado lo aseverado por autoridad investigadora.

Pasados algunos meses de los hechos, la Universidad de Innsbruck, Austria identificó mediante pruebas de ADN restos correspondientes a Alexander Mora y un tiempo después identificó restos pertenecientes a Jhosivani Guerrero de la Cruz. Estos resultados de alguna forma coinciden con la verdad expresada por la PGR,  pero aun así todavía falta encontrar o identificar los restos de los otros cuarenta y un estudiantes.

Hace unos días, una comisión de investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de analizar los expedientes, las declaraciones y las pruebas periciales, concluyó que no era posible afirmar que la supuesta fogata en que cremaron los cuerpos hubiera existido, ya que no encontraron evidencias suficientes para ello, además que la temperatura necesaria para incinerarlos no podía alcanzarse a la intemperie y menos con los materiales utilizados, dejando clara su postura en el sentido de que había dudas serias acerca de la verdad reconocida por la autoridad.

La inexistencia de los cuerpos íntegros de los desaparecidos arroja dudas acerca de la veracidad de las declaraciones oficiales que dan por cierta la muerte, la fogata e incineración de los cuerpos de los estudiantes; la falta de intervención inmediata del gobierno federal y su posterior celeridad para resolver el crimen aportaron más dudas que certidumbre sobre los hechos y el informe de los expertos ha controvertido los avances. Es importante, ya no para el bien del gobierno federal, sino de la justicia en sí, que las autoridades dejen de aferrarse a “su verdad” y dejen que otros ayuden en la investigación para mostrar que nada ocultan y que también tienen interés en llegar al fondo y sancionar a quienes hayan intervenido, sean autoridades o particulares.